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En México el sector de la seguridad privada se encuentra esta semana bajo el punto de mira. La plataforma Terra ha informado en su sección de noticias que Baja California, una de las 32 entidades federativas mexicanas, ha aplicado 43 sanciones por mediación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE). Esta medida se toma como con la firme intención de regularizar el máximo número posible de empresas dedicadas a este tipo de labor. La noticia ha hecho mella en días en los que la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP) afirma que todos y cada uno de los guardias adscritos a las entidades participantes ya están capacitados para actuar en auxilio de la autoridad. Esto último ocurre acorde con el nuevo Sistema de Justicia Penal, según información transmitida en el diario 20 Minutos.

Baja California impone sanciones

Baja California, en el extremo noroeste de México, ha sancionado a diversas entidades dedicadas al negocio de la seguridad privada. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) efectuó 153 visitas de obligaciones en puntos de servicio residencial, comercial e industrial, y 43 de ellas cumplía irregularidades. El máximo responsable de la Dirección de Servicios de Seguridad Privada (DSSP), César Román Díaz López, informó acerca de las estadísticas relativas a la regularización de empresas establecidas a lo largo y ancho de los cinco municipios del estado de Baja California. En lo que va de año, 236 han sido regularizadas gracias a que la dependencia intensificó la inspección y verificación en las mismas a fin de garantizar y perpetuar su correcta operatividad acorde a la legalidad. Este tipo de empresas prestan servicios de protección y vigilancia, seguridad electrónica, investigación privada, blindaje de vehículos, traslado y protección de valores o pertenencias, entre otras funciones, usando tecnología de vanguardia y tantos efectivos como requiera el punto de acción.

Seguridad Privada en colaboración con autoridades

De acuerdo con la reciente reforma constitucional del país, el personal de seguridad privada podrá actuar en auxilio de las autoridades nacionales en caso de comisión de un delito. Asimismo, también servirá de apoyo al Ministerio Público durante el procesamiento del delincuente, de acuerdo al Código Nacional de Procesamientos Penales. En la entidad federativa de Baja California han sido otorgados 15 permisos para operar con lo anteriormente mencionado, en beneficio de sus residentes. Díaz López manifestó también que, tras realizar una búsqueda de antecedentes penales, 1.000 guardias de entre los 6.000 efectivos no cumplieron con el perfil. Se debe prestar gran atención en la contratación y desarrollo del servicio de los operarios puesto que son una pieza fundamental. El presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP), Roberto Rivera Mier, informó que todos los agentes adscritos ya están capacitados para participar en el nuevo Sistema de Justicia Penal. De igual forma, hizo hincapié en que solamente la Policía es considerada como primera autoridad, pues de lo contrario se estaría invadiendo esferas y usurpando funciones.

La AMESP capacita a su personal

La Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada ha puesto en marcha, desde principios de año y por iniciativa propia, un curso de capacitación para todos su personal. Esta medida fue validada y autorizada por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, así como por la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación. Las empresas filiales a la AMESP conocen el contenido de la reforma constitucional y pondrán todo su empeño para que se actúe conforme a la legislación vigente. Esta medida supondrá un incremento en la preparación de los efectivos y traerá consigo la unión entre ambos sectores de la seguridad ciudadana, público y privado.

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